La opacidad de los mecanismos para un buen gobierno y una
planificación que fuera acorde al proceso de re-centralidad estatal de
la década post neoliberal obliga a (re)pensar las capacidades estatales
que se ponen en juego en los procesos de planificación territorial,
particularmente en el ordenamiento territorial (OT).
A lo largo de mi desempeño laboral, he podido estudiar, capacitar y
acompañar iniciativas vinculadas a los procesos de ordenamiento
territorial; empero, a pesar de realizar diagnósticos exhaustivos,
identificar problemáticas y actores, y delinear áreas de intervención, la
implementación de los planes quedaba, siempre, a medio camino.
En ese marco, surge la pregunta sobre las capacidades estatales de
nivel local, necesarias para responder a demandas sociales y cumplir
con el mandato de una normativa para gestionar procesos para el
desarrollo de los territorios.